Seis organizaciones agrarias de Extremadura han denunciado conjuntamente la situación crítica del cultivo del arroz en la región, amenazado por la entrada masiva de producto de terceros países y por el impago de la cosecha del año pasado. ASAJA Extremadura, La Unión, UPA-UCE, la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, ASEPREX y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca exigen intervención urgente a las autoridades nacionales y europeas para evitar el abandono definitivo del cultivo.
El arroz importado accede al mercado europeo sin cumplir las normativas exigidas a los productores locales, lo que ha provocado un hundimiento de precios que hace inviable la actividad. A este escenario de competencia desleal se suma una restricción de liquidez grave: los arroceros extremeños están ya en plena siembra de la campaña 2026, asumiendo todos los costes de producción, sin haber cobrado todavía el arroz de la campaña 2025. Las organizaciones califican esta situación de «estocada final» para muchas familias agricultoras.
Cuatro demandas a Madrid y Bruselas
El sector traslada cuatro reivindicaciones concretas a las autoridades nacionales y europeas. La primera es la activación inmediata de una cláusula de salvaguarda para proteger el arroz europeo de las importaciones descontroladas. La segunda, la exigencia de cláusulas espejo que obliguen a los granos importados a cumplir las mismas normas sociales y ambientales que rigen la producción comunitaria. La tercera, la implantación de un etiquetado claro de origen que permita al consumidor identificar la procedencia del arroz y evitar fraudes y mezclas engañosas. La cuarta, la revisión de los aranceles de importación para compensar la desventaja competitiva frente a países con costes de producción muy inferiores.
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