La organización agraria gallega Unions Agrarias denuncia la situación crítica que atraviesan numerosas explotaciones de la provincia ante los daños reiterados en las parcelas recién sembradas y exige la implicación urgente de los tecores y de la Xunta de Galicia para frenar las pérdidas económicas.
Las quejas de los ganaderos y agricultores se han generalizado en los últimos días, especialmente en las comarcas de Bergantiños, Ordes, Compostela, Xallas, Ortegal y la Costa da Morte. Según señala Unions Agrarias, no se trata de incursiones aisladas, sino de la presencia reiterada de auténticas manadas de jabalíes que levantan, remueven e inutilizan los terrenos, comprometiendo la nascencia del cultivo en un momento de máxima vulnerabilidad.
Ante esta situación, el sindicato reclama la colaboración proactiva de las sociedades de caza y de los TECOR para ejecutar acciones disuasorias y paliativas de inmediato. Asimismo, insta a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático a agilizar las autorizaciones necesarias y a aplicar los protocolos de intervención con la flexibilidad que la propia normativa permite cuando existen estragos importantes en los cultivos.
Un golpe a la viabilidad económica de las granjas
El maíz forrajero constituye una pieza básica en la alimentación de las explotaciones de vacuno de leche y de carne. La organización recuerda que la alimentación del ganado puede representar hasta el 60% de los costes de producción. La pérdida de superficie cultivable reduce drásticamente la autonomía alimentaria de las granjas, obligándolas a incrementar la dependencia de forrajes y piensos externos en un contexto ya tensionado por el encarecimiento del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de otros insumos.
Los datos oficiales evidencian la magnitud del riesgo: la provincia de A Coruña concentra 44.808 hectáreas de maíz forrajero, sobre las 72.305 que se siembran en toda Galicia. El valor de esta producción supera los 130 millones de euros, lo que significa que cada 1% de superficie afectada supone un impacto económico de 1,3 millones de euros. En este sentido, Unións Agrarias califica de insuficiente el actual sistema autonómico de ayudas, cuyo tope de 2.750 euros por beneficiario queda muy por debajo del daño real cuando las explotaciones sufren afecciones en varias parcelas o se ven en la obligación de repetir la siembra.
Además del perjuicio agrario, la proliferación del jabalí se ha consolidado como un problema social y de seguridad vial en el rural gallego, con cerca de tres accidentes de tráfico diarios en la provincia y 1.237 avisos por daños el año pasado, una cifra que no recoge toda la incidencia real. El sindicato advierte de que, de no actuar ahora, la situación se agravará a partir de agosto con la maduración de las espigas, y avanza que apoyará a sus asociados en la reclamación legal de los daños frente a las entidades responsables de control o a la propia Xunta de Galicia.
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