La Unió Llauradora i Ramadera trasladó ayer al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una reunión celebrada en Sueca, la denuncia que la organización lleva meses presentando ante la Generalitat Valenciana sin obtener respuesta: grandes empresas arroceras instaladas en la Comunitat venden arroz de origen desconocido o foráneo bajo etiquetas que inducen al consumidor a creer que está comprando arroz valenciano.
Según trasladó el propio Ministerio a La Unió en el encuentro, la Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma del Estado que no ejecuta controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos. Los informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria confirman que, en 2023 y 2024, todas las autonomías remitieron datos de inspección a excepción de la valenciana, sin que tampoco se hayan recibido resultados correspondientes a 2025.
La organización agraria denuncia que algunos distribuidores comercializan arroz importado indicando únicamente en el envase el distribuidor local y el lugar de envasado, acompañado en ocasiones de imágenes identificativas de la Comunitat Valenciana. La práctica, según La Unió, perjudica a los productores locales al someterlos a competencia desleal y engaña al consumidor final.
Una Generalitat que no responde
Los escritos dirigidos por La Unió tanto a la Conselleria de Innovación como a la de Agricultura han tenido escaso recorrido. La única respuesta llegó de Innovación en noviembre, cuando la Dirección General de Comercio derivó el asunto a Salud Pública argumentando falta de competencia. Contactado ese departamento, tampoco hubo respuesta.
El Ministerio de Consumo, por su parte, ha reclamado en diversas ocasiones a la Generalitat que designe una autoridad competente y garantice la realización de controles oficiales. En 2025 reiteró mediante comunicación oficial que corresponde a las comunidades autónomas tramitar y resolver los procedimientos sancionadores en materia de consumo, y recordó que el incumplimiento de la normativa de etiquetado constituye una infracción en materia de consumidores y usuarios.
La Unió exige a la Conselleria de Agricultura que inspeccione la procedencia del arroz importado, realice analíticas y controle el envasado en las instalaciones de las empresas importadoras. A escala europea, la organización reclama un reglamento que incluya el arroz en la lista de productos para los que es obligatorio indicar el país de origen en el etiquetado, línea de trabajo que inició a finales de septiembre a través del eurodiputado valenciano de Compromís Vicent Marzà, quien también participó en la reunión, con un informe entregado en Bruselas a la DG SANTE y a parlamentarios y asociaciones de consumidores europeos.
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