La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) ha reivindicado la capacidad logística de su red de operadores para asegurar el abastecimiento a la industria transformadora en una campaña marcada por la caída de la producción nacional y la volatilidad de los mercados.
España, país estructuralmente deficitario en grano, se enfrenta este año a una cosecha sensiblemente inferior a la del ejercicio anterior, lo que obligará a recurrir con mayor intensidad a las importaciones. A esta escasez interna se suma un escenario internacional complejo, donde los conflictos en Oriente Medio y la región del mar Negro continúan alterando las rutas comerciales. En este contexto, la organización señala que la anticipación de riesgos y la diversificación de orígenes son indispensables para no generar tensiones en el suministro de la industria alimentaria, harinera y de alimentación animal.
Los máximos responsables de la entidad han destacado el papel vertebrador de las empresas almacenistas y comercializadoras en el medio rural. El presidente de ACCOE, Marcos Martínez, ha recordado que la fortaleza del sector no reside solo en el volumen producido, sino en la estructura profesional que permite conectar el campo con el mercado, dotando de liquidez al sistema. Por su parte, el secretario general, José Manuel Álvarez, ha incidido en que esta red privada garantiza a los agricultores la libertad de negociación para fijar los precios de sus producciones.
El pulso por las reglas del juego
Más allá de la dinámica comercial, la asociación ha lanzado un mensaje directo a los poderes públicos. El colectivo cerealista advierte sobre la necesidad de evitar asimetrías legislativas respecto a otras figuras del sector agrario y reclama que el marco normativo se aplique bajo una estricta igualdad de condiciones.
En esta línea, ACCOE exige que las líneas de ayudas públicas se diseñen y ejecuten basándose en el principio de neutralidad competitiva, con independencia de la forma jurídica que adopte cada operador. La entidad reitera su disposición a colaborar con el resto de agentes de la cadena de valor para construir un mercado más transparente, pero insiste en que las administraciones no deben generar desequilibrios artificiales mediante la regulación.
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