La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola, correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2017 y julio de 2025. El documento, que la Comisión debe remitir cada siete años al Parlamento Europeo y al Consejo en virtud del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM), repasa las exenciones disponibles para el sector y el balance de las investigaciones antimonopolio abiertas en los Veintisiete durante ese periodo.
Según el informe, la legislación comunitaria reconoce las particularidades del sector agrario, como la fragmentación de las explotaciones frente a la concentración de los actores situados aguas arriba y aguas abajo en la cadena, y por ello contempla exenciones específicas frente a las normas generales de competencia. Estas exenciones, recogidas en la OCM, permiten a agricultores, cooperativas, organizaciones de productores (OP) y organizaciones interprofesionales (OI) cooperar en la producción, la comercialización o el uso de instalaciones conjuntas sin incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, siempre que no pongan en riesgo los objetivos de la política agrícola común (PAC).
El informe cifra en 2.894 las OP reconocidas y en 90 las asociaciones de OP (AOP) existentes en la UE en 2024, junto a 134 organizaciones interprofesionales reconocidas. En el caso de la leche, el porcentaje de entregas negociadas colectivamente por OP y AOP ha crecido del 18,7% en 2018 al 22,2% en 2024, con picos como el 78% en Chequia, el 49% en Francia o el 48% en Alemania.
España aparece como protagonista de la única solicitud de opinión resuelta hasta ahora al amparo del artículo 209 de la OCM: en 2020, la Comisión avaló como compatible con los objetivos de la PAC el mecanismo de estabilización del mercado del aceite de oliva propuesto por Cooperativas Agro-alimentarias de España, basado en el almacenamiento voluntario de excedentes de aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante para amortiguar la fuerte volatilidad de precios ligada al ciclo biológico del olivo.
El documento también recoge la primera opinión emitida al amparo del artículo 210a de la OCM, referida a los acuerdos de sostenibilidad: en julio de 2025, la Comisión validó un acuerdo del sector vitivinícola de Occitania (Francia) para mantener la producción ecológica y de alto valor ambiental mediante un precio orientativo no vinculante que cubre costes y un margen de hasta el 20%, ante el riesgo de que los viticultores abandonen estos estándares por el arranque de viñedo o la producción convencional.
En el plano de la aplicación de las normas, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia concluyeron cerca de 110 investigaciones en el sector agrario entre julio de 2017 y julio de 2025, a las que se suman otras 20 aún abiertas. Grecia encabeza el número de casos, con 27, seguida de la propia Comisión y Francia, con 12 cada una. Los agricultores, individualmente o a través de OP y AOP, fueron el origen de buena parte de las denuncias, entre ellas la que llevó a la autoridad de competencia española a sancionar en 2019 a diez grandes empresas y asociaciones lácteas por un cártel de fijación de precios de la leche cruda de vaca activo entre 2000 y 2013.
Pese a este marco, el informe señala que los agricultores todavía no aprovechan todo el potencial de estas herramientas y anima a un mayor uso de las OP y AOP, que combinan la exención de las normas de competencia con el acceso a ayudas de la PAC, en un contexto de creciente concentración tanto en el suministro de insumos como en la industria alimentaria.
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