El Ministerio de Agricultura comunicó el martes en la 21ª Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal que este año dejarán de estar disponibles otros 35 productos fitosanitarios. Unió de Pagesos ha alertado de que esa retirada, sin alternativas eficaces sobre la mesa, compromete el futuro del cultivo del arroz en Cataluña, según expuso ayer en una rueda de prensa en Tortosa (Baix Ebre).
El sindicato defiende que cualquier retirada de materias activas vaya acompañada de alternativas eficaces, viables y disponibles para los agricultores. Advierte de que no puede exigirse al sector que produzca con menos herramientas mientras aumenta la presión de las plagas, sobre todo cuando los productores compiten con importaciones de países extracomunitarios sujetos a exigencias productivas muy inferiores a las de la Unión Europea.
Un ejemplo es la plaga del Lissorhoptrus oryzophilus, detectada en Cataluña en 2018, que ya provoca pérdidas importantes de rendimiento y para la que España ha denegado la autorización de un producto que sí está permitido en Italia.
Ochenta de cada cien hectáreas dependen de una semilla con fecha de caducidad
La organización sostiene que la carencia de fitosanitarios obliga a los productores a abandonar las variedades autóctonas, precisamente las más resilientes y adaptadas al medio, porque su cultivo resulta inviable. A ello se suma la falta de inversión en investigación pública en nuevas variedades. Los arroceros se han visto empujados hacia semillas híbridas obtenidas por mutagénesis, que generan resistencias al producto fitosanitario que la casa comercial vende asociado una vez superado el período de recomendación de uso. Los ensayos de estas semillas tampoco han sido lo bastante exhaustivos como para garantizar su efectividad fuera de los territorios donde se ejecutaron. El colectivo calcula que cerca del 80% de la superficie de arroz en Cataluña ya se cultiva con este tipo de semilla.
El otro agravio que denuncia la entidad es la falta de adaptación de la normativa al uso de drones para la aplicación de fitosanitarios, pese a haberse demostrado que la tecnología es más precisa, eficiente y de menor impacto ambiental en determinados tratamientos. La legislación vigente considera estas aplicaciones tratamientos aéreos y limita su uso de forma generalizada, aunque las comunidades autónomas pueden autorizarlas de manera excepcional. Así, mientras Extremadura ha permitido esta campaña el uso de drones contra la maloliente del arroz, el Ministerio de Agricultura ha denegado a Cataluña la autorización para aplicar saponina con dron contra el caracol manzana. Para el sindicato, la situación evidencia una contradicción administrativa que frena la innovación, ya que se pide a las empresas que desarrollen productos compatibles con esta tecnología sin garantizar un marco normativo que permita aplicarlos.
Cuatro de cada diez explotaciones han desaparecido en una década
El sindicato alerta de que el sector arrocero atraviesa una situación complicada a escala estatal, pero especialmente crítica en Cataluña, donde el número de explotaciones se ha reducido un 39,7% entre 2015 y 2025. A esa caída se añaden unos costes de producción más elevados que en otras zonas, lo que compromete la viabilidad y la continuidad de muchas explotaciones.
La entidad subraya el papel del arroz como motor económico de las Terres de l’Ebre, donde sustenta una extensa red de actividades vinculadas directa o indirectamente a su producción, transformación y comercialización, con la consiguiente generación de empleo. Recuerda además que el cultivo resulta esencial para la conservación de la biodiversidad, ya que la gestión del agua en los arrozales determina el mantenimiento de hábitats de gran valor ecológico, con una elevada riqueza de flora y fauna.
Deja un comentario