La Junta de Castilla y León abonó ayer miércoles 23 de septiembre 575,9 M€ del anticipo de las ayudas directas de la PAC de la campaña 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos. Es la primera comunidad autónoma en efectuar este pago y lo hace en una fecha inédita: nunca antes se había abonado el anticipo de la PAC en septiembre.
El pago equivale al 75% de las ayudas directas y alcanza a más del 90% de los potenciales beneficiarios. Los expedientes restantes, con trámites o comprobaciones pendientes, se incorporarán a un nuevo pago de anticipos previsto para la segunda quincena de octubre.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha hecho estas declaraciones en el marco del 50º Concurso-Subasta Nacional de Raza Avileña-Negra Ibérica, en Ávila, donde ha recogido uno de los premios conmemorativos del 50 aniversario de la Feria de Ávila por el respaldo de la Junta a esta raza autóctona. Pino ha subrayado que «no estamos hablando únicamente de pagar antes, sino de pagar cuando el agricultor y el ganadero necesitan el dinero».
514,5 millones para las ayudas por superficie
El anticipo comprende prácticamente todas las intervenciones de ayudas directas: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los ecorregímenes y las ayudas asociadas por superficie y a la ganadería. La única excepción es el vacuno de cebo, porque todavía no se dispone de los datos necesarios para determinar los animales subvencionables.
De los 575,9 M€, 514,5 M€ corresponden a ayudas por superficie, entre ellas las asociadas a legumbres, proteaginosas o remolacha. Las ayudas asociadas a los sectores ganaderos, que este año se abonan excepcionalmente a la vez, incluyen las de vacuno extensivo de carne, leche de vaca, ovino y caprino.
La normativa europea obliga a completar antes los controles administrativos y sobre el terreno, incluso en un anticipo. La Consejería ha recurrido a una aplicación informática propia para incluir desde septiembre a más del 90% de los potenciales beneficiarios. La posibilidad de adelantar el pago, una autorización excepcional de la Comisión Europea, era la misma para todas las comunidades, pero Castilla y León ha sido la primera en materializarla.
Cereal de invierno, un 41,8% menos según la Junta
La Junta sitúa el anticipo en un contexto de fuerte pérdida de rentabilidad en las explotaciones, con costes elevados de fertilizantes, energía y carburantes y precios insuficientes. Las estimaciones internas de la Consejería apuntan a una producción de cereal de invierno de 4,90 Mt en la campaña 2025/2026, un 41,8% menos que en la anterior, y a una reducción del 13% de la superficie sembrada. Sus estudios calculan pérdidas de entre 200 y 400 €/ha en el cereal de secano.
El anticipo llega cuando los agricultores planifican la próxima campaña y deben asumir los gastos de semillas, fertilizantes, gasóleo agrícola y otros insumos de la sementera. «No podemos pedir a los agricultores que afronten una nueva sementera después de una campaña muy difícil y dejarles solos ante el coste de las semillas, los fertilizantes o el gasóleo», ha señalado Pino. La Consejería añade que el pago aporta liquidez también a las explotaciones ganaderas, afectadas por el encarecimiento de los factores de producción, las incidencias sanitarias y, en algunas zonas, la falta de pastos, que obliga a suplementar la alimentación de los animales.
Una PAC «verdaderamente agraria y común»
El pago coincide con el debate sobre la PAC que deberá aplicarse desde el 1 de enero de 2028, salvo que se establezca un periodo transitorio. La propuesta plantea integrar la política agraria en un único Plan de Asociación Nacional y Regional, lo que, según la Junta, puede hacer que la PAC pierda singularidad y financiación identificable.
La Junta defiende una PAC «verdaderamente agraria y común», con un presupuesto fuerte y propio y orientada a garantizar renta, producción y competitividad. Rechaza que los fondos agrarios se diluyan entre otras políticas europeas, los recortes reales y una renacionalización que genere diferencias entre agricultores según la capacidad presupuestaria de cada Estado. Se opone además a la aplicación obligatoria de la degresividad, el pago redistributivo y el capping cuando penalicen automáticamente a explotaciones profesionales, y en materia de simplificación reclama controles basados en el riesgo, penalizaciones proporcionadas y la posibilidad de subsanar errores antes de una sanción cuando no haya fraude.
Pino ha reprochado al Gobierno que todavía no haya puesto sobre la mesa una posición clara sobre los principales elementos de la reforma: «No se puede negociar a ciegas. El Ministerio debe explicar qué PAC quiere para España y qué líneas rojas está dispuesto a defender en Bruselas». El consejero ya trasladó esta exigencia ante la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo de Política Agrícola.
«Mismas exigencias para lo de fuera que para lo de dentro»
La Junta reclama reciprocidad, preferencia comunitaria y cláusulas espejo reales y verificables. Sostiene que la rentabilidad del campo no depende solo de las ayudas, sino también de una política comercial que evite la competencia desleal. Pino considera que no se puede exigir a los productores europeos normas laborales, sanitarias, ambientales y de bienestar animal cada vez más estrictas mientras se permite la entrada de productos obtenidos con estándares inferiores, y plantea que esas exigencias se incorporen a los acuerdos comerciales, se verifiquen con controles efectivos en frontera y se apliquen a los alimentos que acceden al mercado europeo.
«Mismas exigencias para lo de fuera que para lo de dentro. Eso es competencia leal, protección de los consumidores y defensa de nuestros agricultores y ganaderos», ha afirmado el consejero, que sostiene que dificultar la producción en Europa para depender de importaciones de terceros países debilita el empleo, la industria agroalimentaria, el medio rural y la seguridad alimentaria.
Cien días de gestión
Según la Consejería, el pago es uno de los hitos de sus primeros cien días de gestión. En ese periodo se han resuelto 861 expedientes de incorporación de jóvenes agricultores y 268 planes de mejora, con cerca de 69 M€ concedidos, y la convocatoria de incorporación y modernización se ha ampliado de 100 a 115 M€ para atender todas las solicitudes favorables.
En agua e infraestructuras agrarias, el departamento cita avances en la modernización de regadíos, concentraciones parcelarias sobre casi 42.000 ha, 18 obras de infraestructura rural en ejecución y seis proyectos nuevos aprobados. También trabaja en reformas de la Ley Agraria, la Ley de Caza y la normativa de sanidad animal.
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