España es la principal productora mundial de aceite de oliva, pero el olivar de almazara arrastra, según las organizaciones agrarias, una pérdida de rentabilidad y de competitividad que consideran sistemática y continuada. Ante esa situación, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España han pedido al Gobierno y a las distintas administraciones una batería de medidas que califican de necesarias, urgentes y estructurales.
La primera reclamación es que el olivar de almazara sea considerado cultivo y producto estratégico en las políticas agrarias y económicas, por su trascendencia económica, social y medioambiental y porque, sostienen, el aceite de oliva es el único producto agroalimentario en el que España lidera el mundo. En materia de agua, las entidades defienden que el olivar es el cultivo más eficiente en su uso y, a la vez, el más afectado por el cambio climático. Por ello piden mejorar la gestión de los recursos hídricos, ampliar la superficie de regadío, buscar nuevas fuentes de captación y dar prioridad al olivar en el acceso al agua, con dotaciones iguales para todos los tipos de producción.
Del balance de masas a las sanciones penales
En calidad y lucha contra el fraude, las organizaciones exigen a la Administración recursos para aplicar la normativa de calidad y etiquetado y para aumentar de forma significativa los controles sobre los movimientos de producto. Reclaman que las inspecciones no se limiten al producto comercializado y verifiquen también los procesos industriales y el balance de masas, con especial atención a las adiciones de aceites de semillas, de orujo o desodorizados. Piden además revisar el régimen de infracciones para que estos incumplimientos lleven aparejadas sanciones penales, como ocurre en países competidores, y cruzar con nuevas tecnologías la información de SIMO, REMOA, el Registro de Contratos y Aduanas para detectar riesgos de fraude y orientar las inspecciones.
Para ganar transparencia, proponen que la normativa obligue a identificar en REMOA el contrato al que corresponde el producto transportado cuando se trate de una compraventa, así como a introducir su precio en el sistema. Reclaman también apoyo con recursos a la investigación de métodos químicos que permitan detectar mezclas ilegales y desodorizados y den objetividad a la clasificación organoléptica de los aceites de oliva vírgenes.
Túnez, en el punto de mira
Las entidades piden más control y transparencia en las importaciones, con trazabilidad de los aceites almacenados en depósitos aduaneros, en línea con lo que, recuerdan, exige el Tribunal de Cuentas Europeo. Solicitan también suprimir el régimen de perfeccionamiento activo, que a su juicio, igual que el contingente arancelario, carece de registros en las importaciones regulares de EUROSTAT y de garantías de trazabilidad. En el caso de Túnez, uno de los principales orígenes de las importaciones que, en su opinión, distorsionan el mercado, piden suspender ambos mecanismos.
Para equilibrar la oferta y la demanda, reclaman que las administraciones apliquen de forma rigurosa las medidas ya previstas en la legislación, obligatorias para todos los operadores. Todas las organizaciones respaldan las medidas de aplicación del artículo 167 bis propuestas por el Ministerio de Agricultura. En materia de autorregulación, piden una línea de préstamos ICO suficiente para que las almazaras cubran los costes financieros que conlleva.
Piden asimismo dotar de eficacia y recursos a la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del aceite de oliva. Para ello consideran imprescindible fijar de forma objetiva unos costes medios, controlar que los precios de las importaciones no queden por debajo de esos niveles y establecer medidas de compensación para los productores que no puedan vender su aceite porque no se alcancen los umbrales de rentabilidad.
El acuerdo concluye con la petición de un plan de reconversión con fondos públicos que garantice la sostenibilidad y la competitividad del sector, favoreciendo la modernización y reestructuración de las explotaciones donde las condiciones agronómicas, económicas y ambientales lo permitan. Reclaman además un plan estratégico integral para el olivar tradicional, con apoyos decididos a su diferenciación.
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