En 2001 entró en vigor el reglamento europeo Todo menos armas, un acuerdo comercial que pretendía contribuir al desarrollo de los países menos avanzados. Este régimen les daba acceso libre al mercado de la Unión Europea, sin derechos de aduana ni límites de cuotas, con la única excepción de armas y municiones. Recientemente, el acuerdo se ha actualizado con otro reglamento con vigencia hasta 2036.
Han pasado 25 años desde el primer acuerdo, y muchos de aquellos países (ahora se benefician 47) continúan en las listas de los más pobres del mundo por lo que no se ha logrado el objetivo.
En el caso del comercio del arroz, desde Unión de Uniones hemos pedido reiteradamente un estudio del impacto real de estas políticas en la Unión Europea y en los países de origen, pero conseguirlo es una misión imposible.
Los objetivos para los que se aprobó el acuerdo no solo no se han alcanzado, sino que se ha especulado con ellos. Myanmar, por ejemplo, está inmerso en una guerra civil. Llegados a este punto, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Alguien se ha preguntado cuál es la situación de estos países y de sus agricultores?
Pongamos otro ejemplo. Un trabajador marroquí puede cobrar en su país cinco euros al día y después nos preguntamos por qué quiere marcharse. Al mismo tiempo, muchas explotaciones agrícolas de Marruecos son de capital extranjero, una parte del cual procede de la propia Unión Europea. Y lo mismo ocurre con numerosas explotaciones de cítricos del África meridional, en manos de capital extranjero y de empresas vinculadas a industriales españoles.
Si hablamos de arroz, uno de los principales grupos industriales a escala mundial es Ebro Foods, presidido por el español Antonio Hernández. A todo ello se añade que las grandes distribuidoras importan arroz ya elaborado y blanqueado, saltándose de esta manera buena parte de la industria europea.
Recientemente, Antonio Hernández se comprometió a no comprar arroz de Camboya y Myanmar y pidió a la industria y a la distribución que hicieran lo mismo. Pero ¿es una cuestión de principios o solo de intereses comerciales? Porque todos sabemos que, paralelamente, se ha desarrollado una potente industria arrocera en los países del Mercosur. Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar: mientras denunciamos las importaciones procedentes de unos países, abrimos la puerta a las de otros. Mientras tanto, los productores de arroz aquí tenemos unos costes elevadísimos y los mismos precios que en 2001.
Después de 25 años, ¿quién se ha beneficiado de estas políticas? ¿Los agricultores de los países más pobres? ¿Los europeos? ¿O las grandes empresas, industrias y cadenas de distribución, que han aprovechado las diferencias de costes, salarios y exigencias entre unos países y otros?
Si el objetivo del acuerdo era ayudar a los países más pobres y proteger a sus agricultores, los resultados deberían poder demostrarse. Y si no se pueden demostrar, hay que revisar con urgencia un modelo que, bajo el argumento de la solidaridad y el desarrollo, beneficia a quienes menos lo necesitan.
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