La consejera de Agroganadería del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, manifestó ayer que la extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias ha sido una demanda tanto de organizaciones sindicales como de grupos políticos desde hace años y a la que el actual Gobierno del Principado “quiere dar respuesta”. Álvarez durante su comparecencia, esta mañana, ante la Comisión de Agroganadería de la Junta General del Principado para informar sobre el proyecto de ley de Asturias de extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias, ha recordado que en el año 2007 ya hubo un compromiso unánime de la Junta General del Principado por el que se instó al Gobierno del Principado a proceder a su disolución.
La consejera ha explicado que la Cámara Agraria del Principado de Asturias fue creada por Ley del Principado el 24 de noviembre de 1997 y que, a lo largo de los años, las funciones de colaboración, consulta y asesoramiento que desarrollaba con la administración autonómica “han ido decayendo progresivamente hasta llegar a ser prácticamente inexistentes en la última época, a la vez que los ingresos disminuían hasta resultar insuficientes para mantener el nivel mínimo de funcionamiento”.
María Jesús Álvarez ha afirmado que, en el momento presente, la Cámara Agraria del Principado aunque existe jurídicamente como corporación de derecho publico, “no desarrolla ninguna función y carece de financiación suficiente para su subsistencia”. Además, dado que la Ley 18/2005 suprimió la obligatoriedad de la existencia de una cámara agraria en el territorio del Principado “resulta necesario adecuar la realidad jurídica a la realidad, por lo que procede la extinción”.
Para ello, la consejera ha señalado que se creará una comisión liquidadora, formada por tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cuatro representantes de la Administración del Principado. Esta comisión deberá formarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley y los trabajos de liquidación deberán estar finalizados en el plazo de seis meses desde su constitución.
La comisión liquidadora asumirá todas las competencias de gestión y liquidación de los derechos y obligaciones de la Cámara. Asimismo, adoptará decisiones sobre el personal, cuya plantilla está compuesta por dos personas con contrato laboral indefinido. Además, será la encargada de hacer la valoración del patrimonio inmobiliario así como la cuantificación de las deudas acumuladas hasta la fecha de la aprobación de la liquidación del patrimonio. La liquidación del patrimonio será para las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el territorio del Principado de Asturias, que deberá ser destinado a fines y servicios de interés agrario en la Comunidad Autónoma.
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