Asaja Córdoba denuncia que a muchos ganaderos se les debe la indemnización por sacrificio obligatorio de animales positivos de saneamiento desde hace casi un año, estando los expedientes retenidos en la Delegación de Hacienda. Esta mala gestión de la Junta de Andalucía agudiza aún más la grave crisis que atraviesan los ganaderos. Asaja exige a la Junta de Andalucía que en vez de generar más problemas a los ganaderos de a estos soluciones inmediatas, empezando por pagar de forma urgente las indemnizaciones comprometidas, y recomienda a los ganaderos afectados que exijan el ingreso del dinero con los intereses de demora desde que cumplieron los 90 desde la solicitud.
La normativa recoge que si en el plazo de treinta días no se procede al sacrificio se pierde derecho alguno para el cobro de la indemnización. Sin embargo, mientras el sector debe aplicar escrupulosamente la normativa, que curiosamente establece un baremo de indemnización que es bastante más bajo del valor real del animal, la Junta viene incumpliendo de forma reiterada el plazo para pagar en noventa días, establecido por la normativa comunitaria y originando, con ello, un grave prejuicio económico para el bolsillo del empresario.
La mora de la Junta, que en algunos casos llega hasta cerca de un año, está provocada fundamentalmente por dificultades presupuestarias ya que al parecer, los expedientes están retenidos en la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía y no hay noticia alguna de que éstos de momento vayan a resolverse.
Actualmente se da la circunstancia de que algunos ganaderos han realizado hasta tres pruebas en un año (con el coste que ello supone) y todavía no han cobrado los animales que sacrificaron en el primer saneamiento. También hay ganaderos a los que se les ha realizado el vaciado sanitario de su explotación y necesitan esta indemnización para poder comprar animales nuevos, sufriendo además otra pérdida económica por no producir nada durante los meses en que su explotación está vacía.
Asaja recuerda que la situación del sector es ya de por sí bastante dura con el incremento del precio de los insumos y que este retraso en los pagos de indemnizaciones, que son cruciales para el sector, supone, de no agilizarse los expedientes, un nuevo varapalo para el campo seriamente sacudido en los últimos años.
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