Palencia, 5 de octubre de 2.006.- El pasado 7 de agosto se publicó en el BOCyL la Orden AYG/1295/2006 por la que se aprueban los nuevos modelos oficiales de documentación sanitaria que deben amparar la circulación y transporte del ganado procedente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se regula su emisión, y que ha entrado en vigor el pasado lunes 2 de octubre de 2006.

COAG Coordinadora Agraria de Castilla y León ya expresó a la Dirección General su oposición a esta nueva regulación, toda vez que en estos momentos se encuentra en proceso de elaboración la normativa estatal que pretende regular, vía Real Decreto, diferentes aspectos incluidos en la Orden de la Consejería. Hubiera resultado conveniente que la Administración Regional hubiera pospuesto la aprobación y entrada en vigor de la regulación cuando menos hasta que dicha
normativa estatal fuera elaborada. Evitaríamos así posibles contradicciones e incongruencias con normas de superior rango y que podrían incluso repercutir negativamente sobre los ganaderos, evitando así también las posibles arbitrariedades y situaciones de marginación en el sector productor en función de que este desarrolle su actividad en unos u otros territorios.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la normativa supone añadir un aún mayor esfuerzo a la ya enorme carga burocrática que soportan los productores castellanos y leoneses en su actividad diaria, debería haberse flexibilizado y simplificado en mayor medida la tramitación y elaboración de cuantas documentaciones se exigen, y con independencia de que consideramos que esta deba limitarse a asegurar el cumplimiento de la legislación en adecuada consonancia con el respeto de las debidas garantías y buscando el mayor beneficio en el sector productor.

COAG Coordinadora Agraria insiste una vez mas en la necesidad de que sean eliminadas cuantas tasas se repercuten a los ganaderos como consecuencia de la tramitación de toda la serie de procesos administrativos que generan tanto el movimiento como la expedición de la documentación cuya obligatoriedad les viene impuesta y sin que de la misma les derive beneficio directo alguno. En este mismo sentido instamos a la Administración Regional a establecer las líneas de ayuda que resulten necesarias al objeto de conseguir que la identificación de animales, establecida para permitir realizar un adecuado control sanitario y seguimiento de trazabilidad, y cuyo coste viene gravando la rentabilidad de las explotaciones, no suponga gasto alguno para los ganaderos.

Una vez mas las modificaciones normativas suponen para el sector un nuevo y mas complejo trámite administrativo (mayor carga burocrática, mayor número de visitas y largas colas de espera en determinadas Unidades Veterinarias, mayor dificultad al intervenir un mayor número de personas responsables con su firma en el movimiento pecuario, etc.), así como un nuevo sobrecoste económico en la adquisición de nuevos modelos de talonarios de Documentos Sanitarios de Traslado, o bien en Guías de Origen y Sanidad Animal, así como también los mayores costes que suponen la eliminación de las “autoguías” para ciertos movimientos de ganado para vida.