20 de noviembre de 2003. Cerca de 6.000 granjas de bovino y de ovino-caprino, aproximadamente el 16 por ciento de las existentes en la Comunidad Autónoma, se verán perjudicadas por la aplicación, a partir del próximo 1 de enero, de la nueva normativa que regula los programas nacionales de erradicación de enfermedades y que limita extraordinariamente el movimiento de ganado.

Estas granjas se encuentran actualmente en proceso para conseguir ser calificadas sanitariamente como “oficialmente indemnes” y, a la inmensa mayoría, sólo les falta un año más para conseguir esta certificación, que les permitiría libertad de movimientos para sus cabañas. Por este motivo, ASAJA de Castilla y León ha reclamado a la Junta de Castilla y León que retrase dos años la aplicación de la normativa (el Real Decreto 1047/2003 de 1 de agosto), para que dé tiempo a los ganaderos a cumplir este requisito, incluso si hasta ahora no habían podido lograr la calificación sanitaria. La misma Administración es consciente de las dificultades para poner en marcha este R.D., puesto que de hecho en octubre se publicó otro Real Decreto (el 1296/2003) por el que se retrasaba hasta enero su aplicación.

De no alargarse este plazo, la OPA augura graves pérdidas para estas explotaciones, ya que sólo podrían destinar sus animales a matadero o vender sus animales a otras granjas que se encuentran en su misma situación sanitaria, que son pocas y normalmente con pocas posibilidades económicas. Hay que tener en cuenta que las reposiciones de animales entre granjas o la venta de terneros para cebo es una práctica habitual y necesaria, puesto que pocas explotaciones pueden permitirse cerrar el ciclo completo de producción. Además, se castigaría económicamente a estas 6.000 explotaciones que, en muchos casos, han realizado importantes inversiones en los últimos meses para adecuar sus instalaciones y cumplir con la normativa.

Retrasar la aplicación de esta nueva normativa, por otra parte, no reducirá las garantías sanitarias, ni para la ganadería ni para el consumidor, ya que, como se apunta en el propio R.D. 1296/2003, se confirma “la favorable evolución de estas enfermedades en España”. “Sencillamente, es un tema administrativo, permitir a estos ganaderos una tregua para que sus intereses económicos y su supervivencia no se vean amenazados sin justificación”, apunta ASAJA.

Según los datos oficiales del año 2002, el porcentaje de explotaciones de bovino que aún carecen de la calificación de “oficialmente indemnes” es mayor en las provincias de Salamanca (24%), Soria (16%), Segovia (15%) y Palencia (11%); en el caso del ovino-caprino, encabeza esta lista Segovia (el 41 % de las explotaciones están en proceso de conseguir esta calificación), seguida por Soria (32%), Burgos (30%) y Salamanca (29%). En total, existen en la región 2.773 granjas de vacuno y 3.086 de ovino-caprino que se encuentran en esta situación y que, de aplicarse el 1 de enero de 2004 la nueva normativa, verían seriamente limitadas sus posibilidades de comerciar con sus animales.