Madrid, 28 de julio de 2003. El Pleno del Congreso de los Diputados ha abordado esta tarde el debate sobre el Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, un texto que llega a esta Cámara sin que el Ministerio de Agricultura haya realizado ninguna consulta con las organizaciones agrarias durante su proceso de redacción; ni siquiera COAG, organización mayoritaria del sector, ha tenido posibilidad de participar en su elaboración, a pesar de la importancia que tiene esta Ley para el futuro de los agricultores.
El Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos (LAR) propuesto por el Ministerio de Agricultura supone un aumento de las prebendas de los arrendadores frente a los arrendatarios, quienes se quedan en una situación de preocupante desprotección.
Este proyecto incorpora una serie de modificaciones de enorme repercusión para el sector como: eliminar la orientación profesional de los arrendamientos, apostar por grandes explotaciones, abogar por las sociedades anónimas en detrimento de la explotación familiar, eliminar la preferencia de acceso a la propiedad y reducir la duración del contrato lo que dificulta la estabilidad de las explotaciones.
Desde COAG exigimos que, por encima de la estrategia del arrendamiento, prevalezcan las acciones encaminadas a favorecer la incorporación de jóvenes al sector, lo que, además de rejuvenecerle, modernizaría las explotaciones y aumentaría su rentabilidad y productividad.
A juicio de Miguel López, secretario general de COAG “el debate de hoy ha demostrado que el ministro de agricultura no tiene argumentos capaces de justificar este proyecto de Ley, que responde a intereses de grupos de presión ajenos al sector agrario”
COAG exige también que se diseñe, de manera urgente, un marco destinado a desarrollar una Política Agraria de Estado de carácter social, en favor del modelo agricultura y la ganadería familiar y que dentro de este marco se vuelva a redactar la Ley de arrendamientos rústicos, junto con todas aquellas reformas legislativas necesarias para garantizar el futuro rural del Estado español, tales como el Régimen de Seguridad Social Agraria –REASS- o la articulación de un gasóleo profesional.
Por ello, entre las observaciones al texto legal propuestas por COAG, imprescindibles para la elaboración definitiva de la Ley, si queremos que esta sea una garantía de futuro para el sector, figuran:
– que se mantenga el requisito del arrendatario como profesional de la agricultura
– que no desaparezca el límite cuantitativo de arrendamiento, a fin de evitar la acumulación de tierra en manos de un mismo arrendatario
– el mantenimiento de la actual duración de los contratos y sus prórrogas para mantener la finca, conservarla y realizar las inversiones necesarias, garantizando la amortización de las mismas.
– que los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente no sean suprimidos.
La Ejecutiva de COAG se ha reunido, también en el día de hoy, con el Grupo Parlamentario Socialista, para trasladarle un análisis sobre los elementos a mejorar en el Régimen de Seguridad Social Agraria, y la necesidad de poner en marcha una Política Agraria de Estado en la que se contemplen las coordenadas legislativas necesarias para asegurar un modelo agrario de futuro.
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