Unión de Uniones, ante el Comité de Seguimiento del PEPAC celebrado este lunes, critica que no se haya tenido en cuenta al sector, ni se hayan incluido las ayudas que compensan los costes de las nuevas obligaciones y que sólo se haya retrasado 4 meses la entrada en vigor del Cuaderno Digital de la Explotación (CUE).

El argumento principal que esgrime la Unión de Uniones a la hora de cuestionar la modificación del PEPAC de España 2023-2027, es la obligación de dar cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional sexta de la Ley 30/2022, incluyendo ya desde esta campaña de 2023 y como financiación nacional adicional a cargo íntegramente de la Administración General del Estado, las ayudas para compensar y cubrir los costes adicionales que supone la implantación de los nuevos requisitos.

Para esta organización, el proceso de modificación del PEPAC debería haberse iniciado cuanto antes para posibilitar la comunicación a la Comisión Europea antes de septiembre de 2023 a fin de que sean subvencionables los costes adicionales sobrevenidos a las explotaciones agrarias por los nuevos requisitos impuestos.

En este sentido, la organización solicitaba incluir, en esta modificación, una cifra de en torno a poco más de 1.045 millones de euros que calcula que le va a costar al sector meter en la explotación el cuaderno digital y la gestión integrada de plagas, entre otras exigencias.

Unión de Uniones señala que es preciso escalonar la aplicación de nuevas exigencias administrativas ligadas al CUE, en un contexto de grave crisis de rentabilidad, incorporando al PEPAC la necesaria compensación cuantificada ya sea del cuaderno digital de explotación o las nuevas obligaciones en materia de nutrición sostenible en los suelos y de uso sostenible de los productos fitosanitarios, entre otras cuestiones candentes.

Desde la organización se considera que en las actuales circunstancias esta medida es fundamental para que la aplicación de la PAC no suponga sobrecostes a los agricultores y ganaderos, no alimente la espiral inflacionista en el precio se los alimentos y contribuya a racionalizar la puesta en marcha de la nueva PAC que adolece de un proceso burocratizador que contradice los principios de simplificación de los que presumía en su origen.