La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha pedido al Parlamento Europeo “menos polarización” en el debate sobre agricultura y biodiversidad. Menos mal que alguien, y con autoridad, abre la posibilidad de llevar a cabo en la Unión Europea un debate razonable, y no basado en posicionamientos ideológicos y absolutamente radicales, sobre la política agraria de la UE y, también, sobre el futuro de nuestros ganaderos.

Lo que se percibe, es que algo se está moviendo dentro de las instituciones europeas, con la propia presidenta al frente. Sobre todo, desde que hace un año, cuando un lobo estepario conocido como GW950m (¡vaya nombrecito!), atacó un pony de Von der Leyen y lo devoró. Es cuando Úrsula se convierte en la Caperucita feroz y revoluciona a todos sus técnicos comunitarios para que reevalúen el riesgo que los lobos generaban sobre el ganado.

Es por esto por lo que se abre un periodo, hasta el 22 de septiembre, para recoger opiniones, alegaciones, datos, propuestas, etc., de todos los colectivos ganaderos, sociales, científicos y políticos sobre el nivel de protección actual del lobo en la UE, y sobre la conveniencia de rebajarlo para que el depredador suponga un menor peligro para el ganado y, potencialmente, también para los humanos.

También es verdad que durante todo el tiempo transcurrido desde que se inició el proceso de inclusión del lobo en el Listado de especies especialmente protegidas (LESPRE), las cuatro comunidades autónomas que albergan el 98 por ciento de la población de lobos en España (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria), y las organizaciones agrarias, hemos estado desde siempre en defensa de los ganaderos y justificando un control poblacional que mantuviera un equilibrio entre fauna salvaje y ganadería.

Como se suele decir, “quien mal empieza, mal acaba”. Y es que todo el proceso de prohibición del control del lobo en España se hizo sin consenso alguno con el sector ni con las autoridades de las CC.AA loberas; con un procedimiento de dudosa legalidad que está recurrido ante los tribunales, y con los mínimos apoyos, utilizando la política para resolver un problema que, razonablemente, era de gestión y de sentido común. Finalmente, el tiempo y la razón ponen a cada uno en su sitio.

Y esta oportunidad la vamos a aprovechar para que el Parlamento Europeo y la Comisión tengan en sus manos unos datos fiables sobre censos, ataques, cabezas de ganado muertas e importe de los daños (al menos el importe indemnizado, que no el total de los daños sufridos por los ganaderos). En fin, amplios informes que a lo largo de esta semana enviaremos junto a los de las CC.AA. para demostrar que se manipuló u ocultó información por parte del Ministerio de Transición Ecológica para así conseguir el apoyo de la UE para sobreproteger al lobo en España.

Terminaremos este 2023 con más de 5.500 reses muertas en Castilla y León y más de 4 millones de euros del erario público en indemnizaciones en solo un año. Y lo que es peor, con ganaderos cabreados, desesperados, y que van abandonando la actividad día a día.

Rectificar es de sabios, y con la sobreprotección del lobo habrá que hacerlo. Si no lo hacen aquí, tendrá que hacerlo la UE.