La organización agraria ASAJA se ha dirigido al Presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, pidiendo una reunión para que se informe del trámite administrativo para que los agricultores y ganaderos de la provincia puedan solicitar la devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) afectos al desarrollo de las explotaciones agroganaderas.

El derecho a la exención de la cuota del IBI está previsto para las explotaciones que hayan sufrido pérdidas en el ejercicio de 2023 de al menos el 20% debido a las condiciones climáticas y a la situación de los mercados por el conflicto bélico en Ucrania, tal como recoge el Artículo 12 del Real Decreto- Ley 4/2023 de 11 de mayo.

ASAJA entiende que la reclamación de la devolución del IBI se ha de hacer al Servicio de Gestión, Inspección y  Recaudación Tributaria de la Diputación que cobra este impuesto a la mayoría de los ayuntamiento que le tienen delegada esta competencia.  El catálogo de servicios en materia de gestión tributaria para municipios, de la Diputación de León, incluye la “concesión y denegación de exenciones y bonificaciones”. Aunque hay un plazo de 4 años para pedir esta devolución, ASAJA pretende que el procedimiento se inicie de forma inminente.

A pesar de que la mayor parte de las fincas que cultivan los agricultores profesionales no son en propiedad, y de esas no se devuelve el IBI, las cantidades de las que pueden beneficiarse los profesionales, en las comarcas agrícolas, rondarían de media los 600 euros por explotación, teniendo en cuenta tanto las fincas como las naves agroganaderas.

Es importante recalcar que los ayuntamientos no van a perder estos recursos que se devuelvan a los agricultores, ya que la propia Ley establece un mecanismo de compensación, por idéntico importe, procedente de los Presupuestos Generales del Estado.