En el marco la Operación PISTAPU, agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Plasencia (CC) junto a otras Unidades de las Compañías de Plasencia (CC) y de Navalmoral de la Mata (CC), han llevado a cabo una investigación que ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal que se lucraba económicamente a través de trabajadores extranjeros en situación irregular para trabajar en España. Cinco personas han sido investigadas por su presunta implicación en la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de pertenencia a grupo criminal.

Durante el mes de mayo del año pasado se llevaron a cabo varias inspecciones en fincas ubicadas en distintas localidades del norte de Cáceres, identificando a más de medio centenar de trabajadores extranjeros, de los cuales siete se encontraban de forma irregular en España, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Cáceres.

Además, sobre cuatro de los detenidos pesaba un señalamiento en vigor de orden de expulsión del territorio Schengen.

Estos hechos desembocaron en el inicio de una investigación con la que la Guardia Civil detectó el modus operandi de los cinco contratistas, quienes formaban, presuntamente, una estructura organizada con roles definidos y cuyo objetivo era lucrarse económicamente valiéndose de estos trabajadores extranjeros y de su situación.

Estas cinco personas, residentes en la provincia de Badajoz, utilizaban la empresa de una de ellas para revestir de apariencia de legalidad sus acciones. Actuaban como intermediarios entre dos explotaciones agrícolas del norte de la provincia de Cáceres y los trabajadores extranjeros, proporcionándoles a los agricultores la mano de obra requerida a cambio del pago de una determinada cantidad por cada trabajador facilitado, desconociendo los agricultores la situación real de los jornaleros.

Además, estas personas arrendaban viviendas con la finalidad de alojar a los trabajadores inmigrantes y obtener mayores beneficios con el alquiler de las mismas.

En consecuencia, el pasado mes de febrero los agentes tomaron declaración en calidad de investigados a cinco personas residentes en la provincia de Badajoz.

En la inspección de las fincas, la Guardia Civil contó con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres, así como de la Policía Nacional, a través de la cual se iniciaron los correspondientes trámites de expulsión del territorio nacional para los trabajadores extranjeros en situación irregular.

Esta operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.