Prioridad Nacional  (X. Iraola)    

Acabamos de celebrar el primer aniversario del apagón que nos dejó a dos velas al país entero. Vivimos aquel día con angustia y tras recuperarse la corriente, nos dimos cuenta de que la sociedad moderna en la que vivimos, sin luz, no somos nada. Nada funciona y entonces caemos en la cuenta de que no estamos preparados para hacer nada sin suministro eléctrico, y no nos quedó más remedio que, hacer algo tan sencillo y básico como conversar con la gente que te rodea.

Algo parecido nos ocurre cuando vamos a una zona montañosa y/o rural lo suficientemente alejada para que, lo que es normal en la urbe, sea algo inusual o inhabitual y comprobamos que no hay cobertura para el móvil, ni hay recogida de basuras o, algo aún más básico, no hay abastecimiento de agua potabilizada en el grifo del domicilio.

Algo así ocurre en cientos, o miles, de caseríos de Euskadi donde el abastecimiento de agua potabilizada es inexistente y, aunque en las últimas décadas la situación ha mejorado, no es menos cierto que, todavía, sea muy común que los caseríos no se abastezcan de la red municipal y que, en consecuencia, sean ellos mismos los que tengan buscarse su alternativa particular.

Por cierto, esta lamentable situación se da, aunque la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la normativa base que regula las competencias y deberes de los municipios, establece que el abastecimiento de agua potable a domicilio es una competencia propia de los ayuntamientos y esto, simple y llanamente significa que no es algo «opcional» para el Ayuntamiento, sino que es una responsabilidad de la que debe hacerse cargo por derecho legal. Es más, en su artículo 26.1.a), establece que el abastecimiento domiciliario de agua potable, además del alcantarillado, son servicios obligatorios en todos los municipios, independientemente de su población y, añado yo, de su configuración.

Pues bien, como decía anteriormente, son miles los ciudadanos del ámbito rural vasco, situación extensible a todo el territorio peninsular, que ante la inacción, imposibilidad o falta de respuesta del ayuntamiento ha tenido que solicitar una concesión a la confederación hidrográfica correspondiente, pagar al abogado de turno por ello, contratar una empresa para efectuar la captación en alguna de sus fincas, hacer la acometida hasta el domicilio, la cuadra o alguna de las parcelas, y en algunos casos, instalar un depósito y una cloradora, u otras cuantas historias más, para poder contar con suministro de agua en el grifo de casa y en las instalaciones de la explotación agropecuaria. Todo ello, pagado a tocateja de su bolsillo y lo que es peor, sabedores de que, en adelante, el mantenimiento y renovación de lo hasta ahora relatado, también corre de su cuenta. Mientras, en el núcleo urbano, desconocedores de la situación narrada, se llevan las manos a la cabeza cada vez que hay un pequeño corte de agua por alguna obra o cada vez que falla el agua caliente de las duchas de las piscinas municipales.

Eso sí, sin querer hacer un chiste con la cuestión, lo que está verdaderamente caliente es el ánimo de todas estas personas, vecinos de zonas rurales tanto en pueblitos como en barrios rurales de ciudades medianas y grandes, a los que les hierve la sangre cuando reciben cartas requiriéndoles a instalar un contador de caudal de su captación para poder comprobar que respetan las cantidades de agua reconocidas en su concesión oficial pero también, de paso, para recordarles que tienen que hacer ellos mismos la lectura del contador y trasladarle la lectura a la entidad competente, URA del Gobierno Vasco, para poder liquidarles el canon ecológico que, al parecer, está basado en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Como decía, la administración competente en el abastecimiento de agua para el domicilio, el ayuntamiento, incumple lo establecido en la ley, los habitantes del rural, cuando menos, muchos de ellos, se buscan la solución, se la pagan de su bolsillo, la mantienen y reparan, pero, eso sí, en el momento de inspeccionar el posible mal uso de la concesión, ni que fuesen una central nuclear  que extraigan cantidades ingentes de agua del subsuelo, y para poder cursarles la irrisoria factura del canon del agua, reconociendo que en la mayoría de los casos, la mera tramitación cuesta más de lo que se cobra, entonces, entonces sí que sí, la administración, sí aparece.

Cada administración, en su nivel, tiene sus competencias y deberes. Ahora bien, se agradecería una cierta colaboración interinstitucional, cuando menos, para hacer frente al deficitario sistema de abastecimiento rural. Estos vecinos rurales no debieran ser tratados como ciudadanos de segunda. El abastecimiento de agua, por lo tanto, debiera ser prioridad nacional. Una más.