Un jefe de una Oficina Comarcal Agraria del Gobierno de Cantabria ha sido imputado por posible estafa a un numeroso grupo de ganaderos, ya que se cree que les cobraba cantidades de hasta 3.000 euros por tramitar diversas ayudas. Al parecer, esta práctica venía produciéndose desde mucho tiempo atrás, pero no ha llegado a los Juzgados hasta que, como consecuencia de una investigación ordenada por el actual Gobierno, se han recogido numerosos testimonios que ofrecen información detallada sobre lo que era un secreto a voces en la comarca de actuación del imputado.
Aunque las ayudas que sirvieron de base a la estafa se financian con fondos comunitarios (son ayudas a planes de mejora, jubilaciones anticipadas, etc.) en fuentes de la Administración se subraya que no se trata de un caso de fraude en perjuicio del presupuesto comunitario, ya que los agricultores no obtuvieron ningún beneficio indebido, limitándose a cobrar las ayudas que les correspondían. La estafa se produjo, según resulta de los testimonios, al exigir el funcionario pagos por la tramitación de las mismas, prevaliéndose de su cargo de máximo responsable de la Oficina Comarcal.
El inicio del procedimiento judicial ha causado un considerable revuelo en la comarca, agudizado por el hecho de que además del presunto responsable de la estafa, el juez ha citado a declarar como imputados a una treintena de personas (ganaderos y funcionarios) para investigar si han sido cooperadores de los hechos, bien por no denunciarlos, bien por buscar obtener beneficios irregulares. Además, al conocerse las actuaciones judiciales algunos políticos locales han iniciado movimientos que, aunque podrían responder a intereses de otro tipo, están aumentando la inquietud de parte de los afectados.
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