Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, vigente desde este 1 de mayo, al considerar que se activa sin haber resuelto las principales preocupaciones del sector agrario ni ofrecer garantías suficientes para los productores europeos.
Oposición política y dudas jurídicas sin resolver
La organización advierte de que la entrada en vigor se produce en un contexto de creciente contestación política dentro de la propia UE. Estados miembros como Polonia han anunciado su intención de recurrir el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando su compatibilidad y sus efectos sobre la seguridad alimentaria. El Parlamento Europeo ya impulsó una iniciativa similar a finales de enero. Para Unión de Uniones, lo más prudente habría sido esperar a la resolución judicial antes de activar la aplicación provisional.
A estas dudas se suman las críticas de varios eurodiputados al sistema de gestión de contingentes arancelarios previsto en el texto, que no fue aprobado por unanimidad el pasado 20 de abril ante la oposición de Polonia, Francia y Hungría. El mecanismo delega parte del control de las importaciones en los países del Mercosur, lo que, a juicio de la organización, puede favorecer la concentración exportadora en grandes operadores y una competencia más organizada y agresiva. Unión de Uniones considera que este tipo de mecanismos «no solo no aportan garantías, sino que pueden agravar aún más las distorsiones previsibles en los mercados agrarios de la UE».
Sectores sensibles en el punto de mira
La entidad lleva tiempo alertando sobre los riesgos que el acuerdo entraña para producciones sensibles como la carne de vacuno y las aves, así como sobre su posible impacto en los precios, la rentabilidad de las explotaciones, el empleo en el sector y el relevo generacional en el campo. A su juicio, el texto no incorpora garantías suficientes en materia de reciprocidad, control de estándares ni protección efectiva de los sectores más vulnerables, y su aplicación puede traducirse en una mayor presión competitiva sobre las producciones europeas.
Unión de Uniones responsabiliza a la Comisión Europea y a los gobiernos que han apoyado el acuerdo —entre ellos España— de los perjuicios que puedan ocasionarse a los productores españoles. La organización anuncia que realizará un seguimiento continuo de la evolución de las importaciones y de los sectores más sensibles, con el fin de denunciar cualquier perturbación de los mercados y reclamar la aplicación de las medidas de salvaguarda previstas en el acuerdo y las de reequilibrio contempladas en la OCM.
La semana próxima, Unión de Uniones viajará a Bruselas para reunirse con distintas instituciones y grupos parlamentarios, con el objetivo de trasladar la preocupación de los agricultores y ganaderos y plantear propuestas de mejora.
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